La Paz como Territorio, Crónica de un Encuentro que desafía el estigma

La Paz como Territorio, Crónica de un Encuentro que Desafía el Estigma

Bogotá, La capital Colombiana, esa ciudad que a veces parece olvidar que el país se le desborda por las fronteras, fue testigo de un ejercicio poco común: no se trató de discursos vacíos ni de poses para la foto. Fue, más bien, una asamblea de la memoria y el porvenir. Un espacio donde las palabras no flotaban en el aire, sino que se anclaban en la tierra de los territorios, en la carne de quienes han decidido que la guerra ya no es su verbo.

El Encuentro Nacional de Análisis de Coyuntura y Proyección del Proceso de Reincorporación para la Transición de Gobierno no fue un evento más. Fue un acto de unidad colectiva. Porque en un país donde la paz se ha vuelto sospechosa, donde firmar un acuerdo puede significar cargar con el estigma de ser considerado un enemigo, estas trece mil personas que apuestan por la vida desde los ETCR, las AERC y los procesos comunitarios, se reunieron para decir: aquí estamos, y no nos movemos.

Diez años. Una década de implementación del Acuerdo Final. Tiempo suficiente para que algunos pierdan la fe, para que otros se cansen, para que los cínicos digan que nada cambió. Pero quienes llegaron a este encuentro saben que la paz no se mide en cronogramas ministeriales, sino en transformaciones que no siempre caben en los informes institucionales.

Porque la paz —y aquí permítanme una verdad incómoda— no es un producto que se entrega en la puerta de la Casa de Nariño. La paz es un proceso, una conversación interminable entre el Estado y la sociedad, un diálogo de sordos que poco a poco aprende a escuchar.

Los participantes del encuentro lo saben. Por eso, en sus mesas de trabajo, no hablaron de cifras macroeconómicas ni de acuerdos burocráticos. Hablaron de cooperativas que han resistido el asedio del abandono estatal, de mujeres que han tejido redes de reconciliación en territorios donde la muerte parecía tener la última palabra, de jóvenes que han decidido que su futuro no será escrito con pólvora.

Y aquí hay que subrayar algo fundamental: estos no son gestos de buena voluntad. Son hechos políticos. Actos de construcción de poder popular que desafían la narrativa hegemónica que reduce a los firmantes de paz a la categoría de “victimas” o “amenazas”. Son sujetos políticos, ciudadanos que ejercen su derecho a transformar el país desde abajo.

En Colombia, la paz ha sido estigmatizada. Firmar un acuerdo de paz, en el imaginario de algunos sectores, es casi una traición. Los firmantes de paz son vistos con desconfianza, como si su pasado los condenara a una eterna sospecha. Y esta estigmatización no es casual: es una estrategia política para deslegitimar el Acuerdo, para hacer creer que la paz es un privilegio de unos pocos, no un derecho de todos.

Pero el Encuentro Nacional vino a desmentir esa mentira. Porque allí, en las mesas de trabajo, se escucharon voces que no piden perdón por haber firmado la paz. Voces que defienden el Acuerdo como una conquista democrática, como un patrimonio de toda la sociedad colombiana. Como dijo Pastor Alape:

Esa es la clave: la paz como oportunidad democrática. No como favor, no como concesión, sino como la única vía para que este país deje de ser una geografía de la violencia y se convierta en un territorio de derechos.

Este encuentro fue político en el sentido más profundo del término. No porque hubiera banderas o consignas, sino porque se trató de construir poder colectivo. De tomar decisiones sobre el futuro. De decirle al nuevo gobierno, con claridad y firmeza, que la paz no es negociable, que no puede ser utilizada como moneda de cambio en las disputas electorales.

Rodrigo Londoño lo expresó con contundencia:

Y aquí hay una lección que deberían escuchar todos los sectores políticos del país: la paz no se defiende con amenazas ni con decretos autoritarios. Se defiende con pedagogía, con diálogo, con movilización democrática. Se defiende explicando, una y otra vez, que el Acuerdo de Paz es una obligación constitucional, no un capricho de un gobierno de turno.

El encuentro no se quedó en el diagnóstico. Fue más allá: construyó una hoja de ruta para el periodo 2026-2030. Y aquí es donde la política se vuelve concreta, donde las palabras se transforman en acciones.

Tres prioridades estratégicas emergieron con claridad:

Primero: la protección de la vida de los firmantes. No como un gesto humanitario, sino como una exigencia política. Porque en Colombia, el asesinato de liderazgos sociales no es un accidente, es una estrategia de guerra. Fortalecer el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política no es un capricho, es una obligación del Estado.

Segundo: el acceso a la tierra y la vivienda. Porque la reincorporación no puede ser un proceso abstracto. Tiene que traducirse en derechos concretos, en la posibilidad de vivir dignamente en los territorios. La Reforma Rural Integral, los PDET, el Programa de Reincorporación Integral no pueden ser letra muerta.

Tercero: la protección de la institucionalidad creada por el Acuerdo. La CSIVI, el CNR, la JEP. Estas instancias no son adornos burocráticos, son los andamios de la paz. Desmantelarlas sería un retroceso histórico, un golpe a la democracia.

El manifiesto del encuentro hace un llamado explícito a la comunidad internacional. Porque en un país donde el Estado a veces olvida sus compromisos, la mirada del mundo se convierte en un mecanismo de presión, en un recordatorio de que la paz es un compromiso global.

La Misión de Verificación de Naciones Unidas, la cooperación internacional, los organismos de control. Todos ellos son actores estratégicos en este proceso. No como jueces externos, sino como acompañantes de un proceso que es, ante todo, colombiano.

Al final del encuentro, quedó claro un mensaje: la paz construida durante estos diez años no puede retroceder. No es un lujo, no es una utopía. Es una realidad que ha transformado territorios, que ha salvado vidas, que ha construido esperanza.

Y aquí, permítanme una reflexión personal: en un país donde la violencia ha sido la norma, la paz se vuelve un acto de rebeldía. Los firmantes del Acuerdo no son ingenuos, no son ilusos. Saben que el camino es difícil, que la estigmatización persiste, que el Estado incumple. Pero aún así, eligen la paz. Una y otra vez.

Eso es lo que vimos en el Encuentro Nacional. Hombres y mujeres que han decidido que su futuro no será escrito con balas, sino con palabras. Que han entendido que la política no es un juego de tronos, sino la posibilidad de construir un país donde quepamos todos.

La paz no es un destino. Es un camino. Y quienes lo recorren saben que cada paso es un acto político, una declaración de principios, una apuesta por la vida.

Este texto no es un informe neutral. Es una crónica. Y como tal, tiene una posición: la defensa de la paz como proyecto político, la convicción de que la reincorporación no es un proceso técnico, sino un hecho democrático, la certeza de que combatir la estigmatización no es un gesto de buena voluntad, sino una lucha por la verdad.

Porque en Colombia, la verdad sobre la paz ha sido distorsionada. Se ha dicho que el Acuerdo fue una rendición, que los firmantes son delincuentes, que la paz es una ilusión. Pero el Encuentro Nacional demostró lo contrario: la paz es un hecho, un proceso en marcha, una construcción colectiva que no puede ser detenida.