Balance general del PRI – Segundo Trimestre

¿Cómo avanza el Programa de Reincorporación Integral?

La implementación del Programa de Reincorporación Integral (PRI) constituye uno de los principales desafíos para consolidar la reincorporación de las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz. A través de los planes individuales, el programa busca identificar las necesidades particulares de cada persona y orientar la oferta institucional hacia el acceso efectivo a derechos en materia de salud, educación, vivienda, tierra, proyectos productivos, participación política y fortalecimiento comunitario. Con el propósito de aportar evidencia sobre el estado de implementación, el CNR‑C presenta este balance construido a partir de los registros administrativos de 11.013 firmantes activos y más de 619.000 acciones priorizadas.

Aspectos metodológicos:

El balance se construyó a partir de los registros administrativos del PRI con corte a abril de 2026. Para analizar el número de acciones priorizadas por cada firmante se utilizó la mediana como medida principal, por ser menos sensible a los valores extremos y reflejar mejor el comportamiento típico de la población que el promedio. Con el fin de determinar si las diferencias observadas entre regiones y grupos poblacionales son estadísticamente consistentes, se calcularon intervalos de confianza del 95 % mediante Bootstrap con 10.000 replicaciones, técnica que no asume normalidad en los datos y permite establecer cuándo una diferencia responde a un patrón real y no al azar. El análisis del cumplimiento incluyó la revisión de la naturaleza de las acciones reportadas, con el fin de distinguir entre actividades habilitantes y aquellas que materializan derechos.

Una demanda amplia de derechos:

La mediana nacional de acciones priorizadas es de 53, lo que significa que la mitad de los firmantes tiene un plan individual con ese número de acciones o más. Este valor representa el comportamiento más característico del conjunto de la población y evidencia que los firmantes han identificado un espectro amplio de necesidades frente a la oferta institucional.

El análisis por grupos poblacionales muestra diferencias relevantes. Las mujeres presentan una mediana de 63 acciones, significativamente superior a la de los hombres (50), lo que indica una mayor demanda de acompañamiento y posiblemente una acumulación de necesidades no cubiertas. La población indígena registra una mediana de 59 acciones, también por encima del promedio nacional, mientras que las personas con discapacidad alcanzan medianas de 62 a 66 acciones según la combinación de condiciones, confirmando que estas poblaciones enfrentan barreras adicionales para acceder a derechos y requieren respuestas institucionales más amplias.

Brechas territoriales en la implementación:

El informe identifica diferencias importantes entre regiones. Mientras Oriente, Caribe, Nororiente y Suroccidente presentan niveles de priorización superiores al promedio nacional, mientras que las regiones Centro y Noroccidente registran resultados significativamente inferiores. La región Centro, en particular, tiene una mediana de 44 acciones, nueve por debajo de la mediana nacional. Estas diferencias pueden estar asociadas a barreras de acceso a la oferta institucional, condiciones socioeconómicas de los firmantes o dinámicas territoriales específicas, y señalan la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional en aquellos territorios donde la respuesta del Estado continúa siendo insuficiente.

Más allá de la tasa de cumplimiento:

Uno de los principales aportes del informe consiste en analizar la naturaleza de las acciones que actualmente registra el sistema como cumplidas. Si bien el PRI reporta 38.117 acciones cumplidas y una tasa de cumplimiento del 6,15 %, el análisis demuestra que la mayoría de estos avances corresponde a actividades habilitantes, como jornadas de socialización, capacitaciones, procesos de orientación institucional y fortalecimiento de capacidades. En contraste, acciones relacionadas con el acceso efectivo a vivienda, tierra, empleo o proyectos productivos presentan niveles de ejecución considerablemente menores, pese a encontrarse entre las principales prioridades expresadas por la población firmante.

Este hallazgo invita a interpretar los indicadores de implementación desde una perspectiva más amplia. El cumplimiento administrativo de una acción no siempre implica que se haya garantizado el derecho que dicha acción pretende materializar. Informar sobre una ruta institucional constituye un avance importante, pero no equivale al acceso efectivo a una vivienda, a la adjudicación de un predio o a la vinculación laboral de una persona en proceso de reincorporación.

En ese sentido, el informe plantea la importancia de diferenciar las acciones de carácter habilitante de aquellas que generan transformaciones concretas en las condiciones de vida de los firmantes, de manera que los indicadores de seguimiento reflejen con mayor precisión el avance real del Programa de Reincorporación Integral. El CNR‑C también alerta sobre 256 firmantes que no registran ninguna acción cumplida, 35 de ellos sin siquiera acciones en proceso, situación que requiere atención inmediata para identificar y remover las barreras que impiden el acceso a la oferta.

La deuda de información sobre los planes colectivos

El presente balance se circunscribe a los planes individuales de reincorporación, que constituyen la fuente de información disponible y sistematizada a la fecha. Sin embargo, una proporción significativa de la población firmante participa en procesos colectivos de reincorporación —proyectos productivos colectivos, formas asociativas, Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva—, cuyos planes no han sido integrados al sistema de seguimiento. Esta ausencia de información representa una limitación estructural para evaluar la integralidad del PRI.

Sin datos sobre los planes colectivos, no es posible establecer cuántos firmantes con planes individuales robustos están vinculados a iniciativas colectivas activas, en qué estado se encuentran dichas iniciativas, ni si la respuesta individual está fortaleciendo o debilitando los andamiajes comunitarios que sostienen la reincorporación en los territorios. Tampoco es posible identificar si las personas que registran cero acciones cumplidas en sus planes individuales están participando de procesos colectivos que sí avanzan, lo cual ofrecería una lectura distinta de su situación. El CNR‑C considera indispensable que se avance en el registro, la consolidación y el cruce de información entre los planes individuales y los planes colectivos, de modo que el seguimiento refleje la doble dimensión —personal y comunitaria— que define el modelo de reincorporación pactado en el Acuerdo Final.

Implicaciones para la política pública

Los resultados presentados no buscan únicamente describir el estado actual del programa, sino aportar evidencia para fortalecer la toma de decisiones del Sistema Nacional de Reincorporación. Desde el CNR‑C se formulan las siguientes orientaciones:

1. Impulsar la transición de acciones habilitantes a acciones de materialización de derechos. La oferta institucional debe concentrarse progresivamente en la entrega efectiva de bienes y servicios que transformen las condiciones de vida: soluciones de vivienda, acceso a tierra, vinculación a pensión, empleo formal y rehabilitación funcional.
2. Fortalecer la articulación territorial en las regiones con mayores rezagos. Las diferencias regionales identificadas requieren que el SNR priorice los territorios con menor desempeño y despliegue estrategias específicas para activar el acceso a la oferta.
3. Revisar los mecanismos de construcción de los planes individuales. La evidencia muestra que, a partir de 54 acciones, la tasa de cumplimiento cae por debajo del promedio nacional. Establecer ciclos de priorización acotados permitiría concentrar la oferta en un número manejable de objetivos de alto impacto y mejorar los indicadores de cumplimiento real.
4. Consolidar una oferta diferencial con resultados medibles. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad presentan mayores niveles de priorización y, simultáneamente, las acciones específicas dirigidas a estas poblaciones figuran entre las menos cumplidas. El despliegue de oferta diferencial debe traducirse en servicios adaptados y en metas cuantificables de acceso.

El Balance General del Programa de Reincorporación Integral ofrece una lectura sobre los desafíos que enfrenta la política de reincorporación en Colombia. La evidencia muestra que el programa ha logrado identificar con precisión las necesidades de la población firmante; el reto central continúa siendo transformar esa priorización en resultados verificables que garanticen el acceso efectivo a derechos y consoliden una reincorporación sostenible en los territorios. El CNR‑C, como instancia de seguimiento y concertación, reitera su disposición para trabajar con las entidades del SNR en la construcción de una política pública que esté a la altura de lo pactado.