Propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

Reincorporación Integral como Política de Estado, Propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

A diez años de la firma del Acuerdo Final, Colombia enfrenta una verdad incómoda: la reincorporación de las más de 13.000 personas que dejaron las armas es una política de Estado en los documentos, pero una asignatura pendiente en los territorios. El país ha construido una arquitectura institucional sofisticada —el Programa de Reincorporación Integral (PRI), el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) con 38 entidades, y cerca de 11.000 planes individuales formulados— que demuestra capacidad técnica y continuidad administrativa. Sin embargo, los resultados materiales son aún precarios. Esta dualidad entre capacidades institucionales y resultados territoriales es el desafío central que el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 debe resolver.

Los datos a enero de 2026 son elocuentes. El 25,45% de las y los firmantes está desempleado —casi el triple de la tasa nacional de 8,9%— y apenas 2.459 personas registran aportes activos a seguridad social de un universo de más de 11.000, lo que configura un escenario de informalidad estructural masiva. Más de 7.100 personas priorizaron acciones de empleabilidad en sus planes individuales, pero la respuesta institucional se ha limitado a capacitaciones sin vinculación laboral efectiva. En materia de tierra y vivienda, el cuello de botella es estructural: la Agencia Nacional de Tierras ha recibido más de 1.005 solicitudes de predios, pero solo 99 han sido destinados, y el 69% de los predios solicitados a la Sociedad de Activos Especiales fue declarado no viable. Apenas el 27% de los firmantes en suelo rural y el 11% en suelo urbano son propietarios de su vivienda. La consecuencia más significativa de esta precariedad es la seguridad: 492 personas firmantes han sido asesinadas desde 2016, con una tasa de homicidios 20 veces superior a la media nacional. En 2025, los grupos armados ilegales crecieron un 15%. El 94% de los firmantes señala la débil presencia institucional como la principal causa de inseguridad.
Esta fractura no es atribuible a una sola administración. Es el resultado de tres fallas de diseño que los dos Planes Nacionales de Desarrollo anteriores no corrigieron: indicadores que midieron cobertura y no transformación, desconexión entre la oferta institucional y la demanda real de la población —que prioriza tierra, vivienda e ingresos, pero recibe formación y acompañamiento psicosocial—, y ausencia de mecanismos vinculantes que obliguen a las 38 entidades del SNR a presupuestar y ejecutar las acciones del PRI. Sin estos correctivos, el tercer PND repetirá el ciclo: enunciados sin consecuencias presupuestales, metas sin impactos reales y una frustración creciente que erosiona la credibilidad del Acuerdo.

El Componente Comunes del CNR presenta una hoja de ruta concreta para romper esa inercia. No pedimos nuevos fondos ni estructuras burocráticas. Exigimos que las instituciones existentes prioricen a la población en reincorporación con metas verificables, recursos ciertos y enfoque diferencial. La propuesta se articula en cuatro prioridades estratégicas interdependientes y tres artículos vinculantes.

Estabilización socioeconómica integral.

Sin tierra y vivienda no hay proyecto productivo viable. Sin ingreso estable no hay arraigo. Proponemos acceso a tierra para al menos 5.000 personas, 7.000 soluciones de vivienda digna y 4.500 firmantes con proyectos productivos sostenibles en operación, con asistencia técnica continua, acceso a compras públicas y encadenamientos regionales. La asignación mensual equivalente al 90% del salario mínimo —garantizada por dos gobiernos de signo político opuesto— debe mantenerse como ancla de estabilidad mientras no se acrediten condiciones de sostenibilidad económica.

Seguridad humana y protección integral.

Con 492 vidas perdidas y una tasa de homicidios 20 veces superior a la nacional, la violencia es el principal factor desestabilizador. Proponemos que el Plan Estratégico de Seguridad y Protección sea componente central del Plan de Acción del SNR, con metas anuales de reducción de homicidios de al menos el 40% al final del cuatrienio, dispositivos de protección en todos los municipios de riesgo alto o extremo, y reportes semestrales del Ministerio de Defensa, la UNP y la Fiscalía ante el SNR y el Congreso.

Empleabilidad, trabajo digno y superación de la estigmatización.

El desempleo del 25,45% y la informalidad masiva exigen un giro estratégico. Proponemos un Programa Nacional de Inclusión Laboral, expedido por acto administrativo en los primeros seis meses del Plan, con incentivos a la contratación, cuotas en compras públicas y certificación de competencias. La meta es generar 3.000 empleos formales , verificables mediante PILA, y reducir en al menos un 30% la percepción de estigmatización como barrera de acceso al empleo.

Gobernanza vinculante y rectoría real del SNR.

La arquitectura institucional del Acuerdo de Paz se ha debilitado progresivamente. Hoy, la Unidad de Implementación opera con intenciones pero sin competencias reales de rectoría: no puede alinear los presupuestos de las 38 entidades del SNR ni exigir resultados. Es imperativo recuperar una Alta Consejería para la Paz con capacidad de convocatoria vinculante, que presente informes semestrales de seguimiento con evaluación individualizada de cada entidad ante el CNR y el Congreso. Proponemos que el 100 % de las entidades del SNR reporten compromisos presupuestales anuales verificables, y que todos los municipios priorizados incluyan metas de reincorporación en sus planes de desarrollo territorial 2028‑2031. Sin rectoría real, la gobernanza del sistema seguirá siendo un formalismo.

Loading Viewer...