Informe 2025 sobre la Reincorporación

Informe 2025 sobre la Reincorporación: Seguimiento del Componente Comunes a los Avances y Desafíos en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final de Paz

Introducción y contexto

A casi una década de la firma del Acuerdo Final de Paz, el proceso de reincorporación de las personas firmantes continúa siendo uno de los pilares más sensibles y estratégicos para la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia. Tal como lo consagra el propio Acuerdo, la reincorporación no fue concebida como un conjunto de medidas asistenciales o transitorias, sino como un proyecto político, colectivo e integral, orientado a garantizar la transición plena a la vida civil, la integración social, económica y política de los excombatientes y su contribución activa a la transformación de los territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

El presente informe, elaborado por el Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), tiene como propósito realizar un balance constructivo, crítico y propositivo del estado del proceso de reincorporación en 2025. La metodología adoptada combina el análisis normativo, el seguimiento a la política pública, la sistematización de información institucional y el contraste con las experiencias territoriales de las personas firmantes. El informe parte de una premisa central: los principales obstáculos que enfrenta la reincorporación no se explican por la ausencia de normas o programas, sino por brechas persistentes entre el diseño institucional y su materialización efectiva en los territorios, así como por debilidades estructurales en la conducción política, la articulación interinstitucional y la sostenibilidad de las intervenciones.

Trayectoria y estado actual de la implementación

El informe identifica tres grandes fases en la implementación de la política pública de reincorporación. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se sentaron las bases normativas e institucionales del proceso, con énfasis en la dejación de armas, la atención inicial y la creación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En esta etapa se avanzó en la formalización del CNR y en los primeros instrumentos de reincorporación, aunque bajo un enfoque predominantemente transitorio y condicionado por la lógica de la implementación temprana.

En el periodo 2018–2022, bajo el gobierno de Iván Duque, el proceso estuvo marcado por una fragmentación institucional, una lectura restrictiva del Acuerdo Final y la priorización de acciones de bajo impacto transformador. El énfasis en la formalidad administrativa, la reducción del alcance político de la reincorporación y la débil articulación territorial profundizaron brechas estructurales, especialmente en materia de acceso a tierra, vivienda y garantías de seguridad.

El actual gobierno introdujo ajustes normativos relevantes, entre ellos la creación del Programa de Reincorporación Integral (PRI) y del Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) mediante el Decreto 0846 de 2024. Estos instrumentos buscan recuperar el enfoque integral del proceso y articular a las entidades del Estado alrededor de trayectorias de reincorporación. No obstante, el informe señala que su implementación ha sido desigual: si bien se registran avances formales importantes, persisten dificultades operativas, una territorialización insuficiente y una limitada capacidad para cerrar brechas estructurales de manera efectiva.

Análisis integral por dimensiones: avances y retos:

Seguridad.

La persistencia de la violencia constituye un factor desestabilizador sistémico del proceso de reincorporación. El informe documenta más de 480 homicidios de personas firmantes del Acuerdo Final, lo que evidencia la insuficiencia de un enfoque centrado en esquemas de protección individuales y reactivos. La inseguridad impacta de manera transversal todas las dimensiones de la reincorporación, limita el arraigo territorial, debilita la sostenibilidad económica y erosiona la confianza en el proceso de paz.

Enfoques diferenciales.

Aunque se registran avances normativos en los enfoques de género, étnico, discapacidad y cuidado, su implementación continúa siendo fragmentada y carece de financiación suficiente y sostenida. Los enfoques de género y cuidado presentan resultados muy positivos, pero enfrentan desafíos estructurales de articulación interinstitucional y sostenibilidad.

Desafíos estratégicos y causas estructurales

El informe identifica nueve desafíos estratégicos que explican las limitaciones persistentes del proceso de reincorporación. Entre ellos se destaca la disociación entre el diseño normativo y la ejecución territorial; la inestabilidad derivada de los cambios de gobierno, que ha impedido consolidar la reincorporación como política de Estado; y la inseguridad como factor estructural que condiciona todas las dimensiones del proceso.

Asimismo, se identifica una desalineación entre la oferta institucional y las demandas estratégicas de las personas firmantes, privilegiando acciones de corto plazo frente a la resolución de déficits estructurales como el acceso a tierra y vivienda. A ello se suma la fragmentación operativa de las dimensiones de la reincorporación, los persistentes cuellos de botella en tierra y vivienda, la fragilidad de la sostenibilidad económica, la ausencia de una política transversal de empleabilidad y la persistencia de la estigmatización como barrera estructural para el acceso a derechos y la integración social.

Estas problemáticas comparten causas comunes, entre ellas las rigideces programáticas, la priorización de intervenciones de bajo riesgo administrativo, la debilidad en la coordinación intersectorial y la ausencia de mecanismos de seguimiento centrados en resultados e impacto.

Propuesta estratégica para el PND 2026–2030

A partir de este análisis, el informe formula una propuesta estratégica para el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, orientada a consolidar la reincorporación como una política pública integral, territorializada y de largo plazo. En primer lugar, se plantea el restablecimiento de una rectoría política efectiva del proceso mediante la Alta Consejería para la Paz, que permita superar la dispersión institucional y garantizar la coordinación del Sistema Nacional de Reincorporación.

Un segundo componente central es la territorialización operativa del SNR, fortaleciendo la capacidad real de gestión en los territorios y la adecuación de la oferta institucional a las condiciones regionales. El núcleo de la propuesta se concentra en el acceso prioritario a tierra, vivienda y sostenibilidad económica, estableciendo metas concretas al 2030: acceso a tierra para 5.000 personas, provisión de 7.000 soluciones habitacionales y consolidación de 1.500 proyectos productivos sostenibles.

La propuesta incorpora la superación de la estigmatización como eje transversal, la adopción de un enfoque de seguridad humana que supere la lógica reactiva e individual, la continuidad del apoyo económico equivalente al 90 % del salario mínimo y el fortalecimiento de un sistema robusto de seguimiento y rendición de cuentas.

Recomendaciones clave

Las recomendaciones del informe se orientan a fortalecer el SNR como sistema operativo efectivo; diseñar e implementar una política específica de acceso a tierra y vivienda con metas, cronogramas y fuentes de financiación definidas; hacer obligatoria la incorporación de los enfoques diferenciales; articular la reincorporación económica con las estrategias de desarrollo territorial; avanzar en una estrategia nacional de inclusión laboral; modernizar los sistemas de información; y blindar la política de reincorporación como política de Estado.

Conclusión

El informe concluye con un llamado urgente a cerrar la brecha entre lo pactado y lo implementado, recuperando el carácter integral, colectivo y político del Acuerdo Final como brújula de la acción estatal. Sin este viraje estructural, el proceso de reincorporación continuará siendo vulnerable, poniendo en riesgo no solo a las personas firmantes, sino la sostenibilidad misma de la paz en Colombia.